EL FOLKLORE EN LA EDUCACIÓN

Toda práctica educativa involucra una práctica política ya que se relacionan e interactúan valores, proyectos, ideales, cuestiones sociales y fundamentalmente objetivos ideológicos. La educación nunca es neutral, puede estar orientada a dominar, a emancipar o a distorsionar.
Denunciada la falsedad de la neutralidad educativa y la falacia de la igualdad de oportunidades en una sociedad de clases, el término educación cobra un nuevo sentido. Cuando hablamos de introducir la Cultura Popular, la Tradición y el Folklore como política de práctica educativa estamos hablando de una educación emancipadora.
En el Proyecto de Domingo Faustino Sarmiento del siglo XIX el pueblo era pensado como una masa inorgánica, definido como la “barbarie” que requería ser “civilizado” según la dicotomía planteada en sus libros "Facundo" y "Civilización y Barbarie". La educación pública, centrada en particular en la escuela primaria, debía operar en la transformación de las costumbres y hábitos sociales para garantizar “el orden y el progreso”. Y el papel del maestro era central, su tarea era homogeneizar dichas desigualdades y las diferencias culturales a través de la transmisión de la cultura letrada (Carli, 2005). En este contexto, el “saber” y la “cultura” del proyecto de escuela pública fueron definidos por las clases dirigentes de la época, los saberes y la cultura popular fueron ignorados o negados en nombre de “la civilización” (Rigal, 1996).
Más adelante la constitución del sistema educativo argentino, a comienzos del siglo XX, los conceptos escuela pública y educación popular se homologaban bajo el discurso de la Instrucción Pública. Estas categorías expresaban las acciones de los sectores dominantes para definir y dirigir, en función de sus propios intereses, la educación del pueblo diferenciada de la educación de las elites (Puiggrós, 1998; Vázquez, 2006).
Ya con el peronismo las organizaciones populares locales en ámbitos urbanos y rurales exigen el acceso a la escuela de sus niños y jóvenes, reclamando al Estado la apertura de servicios educativos, construyendo la infraestructura necesaria e interviniendo ante deficiencias escolares. En contrapartida la terrible peronización de la educación oscurece el modelo ante la propaganda y adoctrinamiento político.
En definitiva, Argentina nunca tuvo una política educativa (o quizás si - destinada a crear seres obedientes), siempre construyó parchando, remendando y recreando planes o proyectos educativos por lo general importados.
Muy seguramente el peor de todos fue el implementado en el gobierno (?) de Carlos Saúl Menem – la irónicamente llamada “Ley Federal de Educación” cual peor mal seguramente fue su magro presupuesto y su clara intencionalidad destructiva de la educación pública.
Pero este proceso no ha terminado, el avance constante del modelo privatizador de la educación acompaña siempre solapado en los proyectos educativos, desresponsabilizando al estado en el financiamiento, sostenimiento y mantenimiento del sistema público.
Por consiguiente orientar la educación hacia una idea emancipadora sería hacer por primera vez una política educativa argentina, pluralista y destinada a incluir e integrar a todos los sectores, especialmente a los más vulnerables.
Educadora de conciencias, creadoras de sujetos y jerarquizadora de educadores.
José Tamarit —en un trabajo titulado “El dilema de la educación popular. Entre la utopía y la resignación”— construía para ese momento un argumento que sigo considerando consistente y válido: “hay que hacer la educación popular en las escuelas, donde están las mayorías, y no fuera”. Sin embargo, creeo que la implantación del modelo neoliberal en nuestro país, y la consecuente catástrofe social y educativa, nos impele a buscar una estrategia que involucre a todos los sectores sociales ya que justamente la Ley Federal de Educación de inspiración neoliberal y la constatación de alguno de sus principales efectos: profundización de la segmentación y diferenciación, fragmentación del sistema, exclusión, dificultades para definir el sentido social de la escuela, etc. nos obliga antes que nada a integrar.

Es necesario terminar de una vez por todas de “la escuela de los pobres para los pobres” que fuera del espacio estatal convalide, aún sin proponérselo, la segmentación y progresivo cercenamiento del derecho social a la educación, o que en la búsqueda de recursos “alternativos” a los del Estado legitime la privatización (siendo generalmente solventada por fundaciones que tienen por detrás grupos económicos concentrados).

José de Guardia de Ponté